Editorial El Mercurio
El proyecto de ley sobre bosque nativo es uno de los de más larga tramitación en el Congreso: 14 años. Ingresó a la Cámara de Diputados en abril de 1992; en enero de 1994 fue aprobado por esa Cámara, y desde entonces está en el Senado. Hoy, por fin, se vislumbra la posibilidad de que este largo trámite termine, al menos en parte.
El Gobierno ha anunciado el envío de una indicación sustitutiva con las materias en que se ha logrado consenso hasta ahora, dejando las demás para una discusión posterior. Entre éstas figuran la sustitución del bosque nativo, la habilitación de terrenos para el agro y los monumentos naturales. Se ha comenzado a hablar, en consecuencia, de una "ley corta" sobre el bosque nativo.
Este anuncio ha sido bien recibido por quienes representan los múltiples intereses contrapuestos en torno a este proyecto. Desde el punto de vista del proceso legislativo y del funcionamiento de nuestros mecanismos deliberativos, sin embargo, llama la atención el hecho de que un proceso tan prolongado de estudio y discusión desemboque en una salida tan parcial como ésta.
En Chile, los bosques tienen una regulación sistemática desde 1931, año en que se dictó la primera Ley de Bosques. Luego, en 1974, se promulgó otra legislación relevante: el decreto ley N° 701. El mecanismo de bonificación establecido por esa norma ha tenido un efecto determinante en las plantaciones sobre las que se asienta la creciente industria forestal chilena.
El bosque nativo, sin embargo, pese a constituir más del 86 por ciento de toda la superficie forestal del país, conforma menos del 4 por ciento de esa industria. Esto no significa una garantía para su preservación, como podría pensarse a primera vista, pues, al no contar con reglas y títulos claros, está expuesto a los daños y a la pérdida de valor que suelen derivarse de un manejo y explotación en condiciones jurídicamente inciertas, cercanas a la clandestinidad.
Por eso, esta ley es necesaria, aunque sea en una versión "corta". Ella debería aproximarse, en la medida de lo posible, a un delicado equilibrio entre razonables consideraciones ambientales, por una parte, y el interés en fortalecer las industrias agrícola y forestal, por la otra.
Asentada sobre este equilibrio, una legislación estable y cierta debería redundar en beneficio del bosque nativo y enviaría, además, una señal a la comunidad y a los mercados internacionales en el sentido de que nuestro país está comprometido con una estrategia de desarrollo sustentable.
Esta ley es necesaria, aunque sea en una versión "corta".
Fuente: El Mercurio
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